La crisis fiscal de De la Espriella: los números son reales, el relato es una elección

Qué está en juego

La noche del 13 de septiembre el presidente Abelardo de la Espriella hizo una alocución para anunciar «medidas económicas de urgencia» y responsabilizó al gobierno anterior de llevar al país «al borde del precipicio» fiscal. Dio cifras concretas: 44 % del presupuesto financiado con deuda, un servicio de la deuda de $155 billones para 2027 —$55 billones más que en 2026— y un cupo de endeudamiento de 2026 «casi agotado» en los primeros siete meses del año. Gustavo Petro respondió al día siguiente que rechazaba «la acusación de corrupción» y pidió el derecho a réplica.

Lo que está en juego no es si Colombia tiene un problema fiscal —lo tiene, y lleva meses documentado en este mismo registro, desde que el Gobierno reconoció el 17 de agosto que tendría que «endeudarse más»—. Lo que está en juego es si la manera en que De la Espriella presentó ese problema el 13 de septiembre es un diagnóstico o es, además, una estrategia: una narrativa que traslada toda la responsabilidad al pasado en el momento exacto en que su propio gobierno tiene pendiente publicar el decreto de su propio recorte, crear un fondo por fuera del presupuesto ordinario y anunciar nuevo gasto regional.

Cómo llegamos aquí

El 17 de agosto, una semana después del sismo del 10 de agosto, el Gobierno reconoció el primer «descuadre»: la atención de la emergencia se financiaría con más deuda, en un país que ya superaba el 60 % del PIB en endeudamiento. Dos días después, el Decreto 1261 declaró la emergencia económica y habilitó al Ejecutivo a legislar por decreto durante treinta días; el Pacto Histórico, en su réplica del mismo 19 de agosto, propuso financiar la reconstrucción con una reforma tributaria en lugar de más deuda, y fijó ahí la línea divisoria del debate que seguiría todo el mes.

El 27 de agosto llegó la pieza central: el Presupuesto General de 2027, radicado por $634,9 billones, $59,3 billones más que el proyecto que las comisiones económicas habían devuelto en julio por insuficiente. El propio Ministerio de Hacienda lo bautizó «Presupuesto de la Verdad» y reconoció que el déficit proyectado subía de 5,3 % a 8,2 % del PIB. Al día siguiente, en la Convención Bancaria de Cartagena, el ministro Miguel Gómez Martínez anunció un recorte de $21,9 billones al gasto de 2026 y una Ley Fiscal centrada en reducir gasto, no en subir impuestos. El 1 de septiembre confirmó que el Consejo de Ministros ya había aprobado ese recorte el 29 de agosto —«no tenemos cómo pagarlo», dijo— pero el decreto que lo formaliza no se había publicado. A la fecha de este análisis, dos semanas después, tampoco se ha localizado publicado.

Mientras esa cuenta seguía abierta, el Gobierno tomó decisiones con efecto fiscal en sentido contrario. El 9 de septiembre creó, por decreto, el Fondo Patria Milagro, un patrimonio autónomo por fuera del presupuesto ordinario para canalizar donaciones y aportes privados a la reconstrucción. El 10 de septiembre propuso eliminar el límite del 30 % a la inversión de las AFP en activos extranjeros, revirtiendo una medida del gobierno Petro antes de que venciera su propio plazo de ajuste. Y el 13 de septiembre, la misma noche de la alocución sobre la crisis, el presidente anunció también que la Policía podrá entrar a universidades públicas —una medida sin costo fiscal directo, pero que comparte la misma alocución y el mismo tono de urgencia con el diagnóstico económico—. Dos días después, el 15 de septiembre, anunció el primer paquete de «victorias tempranas»: 187 proyectos por $515.000 millones en inversión regional.

El caso a favor

Primero: las cifras centrales no las inventó este gobierno, las heredó. El endeudamiento por encima del 60 % del PIB y el déficit que preocupaba a las comisiones económicas ya estaban ahí en julio, antes de que De la Espriella tomara una sola decisión de gasto. Que el diagnóstico llegue con nombre propio —Petro— no lo hace falso: cualquier gobierno entrante hereda las cuentas del anterior, y decir de dónde viene el problema es parte legítima de explicarlo.

Segundo: el propio Gobierno ha sido consistente en admitir el deterioro, no solo en denunciarlo. Desde el 17 de agosto —«nos vamos a endeudar»— hasta el 1 de septiembre —«no tenemos cómo pagarlo»—, los anuncios del Ministerio de Hacienda no maquillan el problema: lo declaran, piden un recorte doloroso y proyectan un déficit peor que el que se esperaba en julio. Un gobierno que solo quisiera un relato político podría haber ocultado el aumento del déficit; en cambio, lo radicó en un documento oficial con su nombre.

Tercero: la secuencia temporal es la que cualquier gestión fiscal seria seguiría. Reconocer el problema (17 de agosto), declarar la emergencia (19), radicar el presupuesto con las cifras reales (27), anunciar el ajuste (28) y crear los instrumentos para financiar la reconstrucción sin más deuda del erario —donaciones canalizadas por el Fondo Patria Milagro, obras por impuestos— es, en conjunto, un plan coherente y no solo un discurso.

Cuarto: la comparación internacional no es descabellada. Un servicio de la deuda de $155,4 billones que ya supera la inversión pública total ($86,9 billones) es, en cualquier manual de finanzas públicas, una señal de alarma legítima, independientemente de quién la señale o cuándo.

El caso en contra

Primero: el decreto que más urgencia demostraría lleva dos semanas sin publicarse. Si la situación fuera tan grave como se describió el 13 de septiembre, el recorte de $21,9 billones —aprobado desde el 29 de agosto— ya estaría ejecutándose con su lista de rubros públicos. Que siga sin decreto conocido dos semanas después sugiere que la urgencia retórica no se ha traducido todavía en la urgencia administrativa correspondiente.

Segundo: el propio gobierno tomó, en la misma quincena, decisiones que amplían su exposición fiscal, no que la reducen. El presupuesto que radicó es $59,3 billones mayor que el que sus propias comisiones habían devuelto por insuficiente; el Fondo Patria Milagro crea un vehículo por fuera del presupuesto ordinario justo cuando se denuncia falta de recursos dentro de él; y dos días después de la alocución sobre la crisis, el mismo presidente anunció $515.000 millones en nuevo gasto regional. Ninguna de esas tres decisiones es ilegítima por sí sola, pero las tres juntas no describen a un gobierno que esté, en los hechos, actuando como si estuviera «al borde del precipicio».

Tercero: la cifra más llamativa de la alocución —44 % del presupuesto financiado con deuda— no coincide con el desglose que el propio Ministerio de Hacienda publicó el 27 de agosto, donde el servicio de la deuda equivale al 24 % del presupuesto total. Puede haber una definición distinta detrás del 44 % —deuda nueva neta en lugar de servicio de deuda existente—, pero ninguna fuente disponible la explica, y una cifra más alta que la que el propio Gobierno había publicado antes es, como mínimo, una elección retórica.

Cuarto: culpar al gobierno anterior por una crisis fiscal es el libreto más predecible de cualquier gobierno entrante, en cualquier país, y eso no lo hace falso pero sí lo vuelve sospechoso de estar sobredimensionado. Petro respondió que rechazaba la acusación de corrupción y que su propio gobierno había manejado la deuda de forma distinta a como la describe De la Espriella; el hecho de que la respuesta no incluya cifras propias que contradigan las del actual Gobierno deja el contraste sin resolver, pero la ausencia de un tercero independiente que arbitre —una calificadora, el Banco de la República, Fedesarrollo— en esta discusión específica es, en sí misma, parte del problema: por ahora es la palabra de un presidente contra la de su antecesor.

Qué dicen los datos

Los datos verificables con fuente pública son estos: el presupuesto de 2027, radicado el 27 de agosto, es de $634,9 billones, de los cuales $155,4 billones (24 %) son servicio de la deuda, $392,5 billones (62 %) son funcionamiento y $86,9 billones (14 %) son inversión. El déficit proyectado para 2027 subió de 5,3 % a 8,2 % del PIB entre el proyecto de julio y el radicado en agosto. El ministro de Hacienda advirtió que, sin el recorte de $21,9 billones al presupuesto de 2026 aprobado el 29 de agosto, el país iría a «una crisis de pagos de proporciones monumentales» —pero, de nuevo, sin decreto publicado que permita verificar qué rubros efectivamente se recortaron.

La cifra del 44 % que dio el presidente el 13 de septiembre no tiene, hasta la fecha de este análisis, un desglose oficial que la sustente con el mismo detalle que el presupuesto de agosto. Y las tres decisiones con efecto fiscal que siguieron a la alocución —el Fondo Patria Milagro (9 de septiembre), la eliminación del límite a la inversión externa de las AFP (10 de septiembre, todavía sin firmar) y las «victorias tempranas» (15 de septiembre)— no aparecen mencionadas en ninguna cobertura como parte del mismo paquete de austeridad que anunció la alocución: son anuncios paralelos, no parte explícita del ajuste.

Los puntos ciegos

No se sabe si el recorte de $21,9 billones ya se ejecutó. Es la pieza que más pesa en este análisis y la que menos se puede verificar: sin el decreto publicado, no hay manera de distinguir entre un ajuste real y un anuncio que quedó solo en anuncio.

No hay una fuente independiente —calificadora de riesgo, Banco de la República, Fedesarrollo— que confirme o contradiga las cifras que dio el presidente el 13 de septiembre. Todo el expediente disponible depende de lo que el propio Gobierno declara sobre sus propias cuentas.

No se conoce el contenido específico de las «medidas económicas de urgencia» ni del «apoyo internacional» que De la Espriella anunció buscar. La alocución fue larga en diagnóstico y corta en medidas concretas más allá de lo que ya estaba en marcha desde agosto.

Escenarios

El decreto del recorte se publica en las próximas semanas con una lista verificable de rubros. Confirmaría que la urgencia del 13 de septiembre tuvo, además de discurso, ejecución, y fortalecería la lectura de que el diagnóstico fiscal es sincero y no solo político.

El decreto sigue sin aparecer y el Gobierno anuncia nuevo gasto —como ya ocurrió el 15 de septiembre— sin que se conozca de dónde sale. Confirmaría la lectura de este análisis: que la crisis fiscal es un relato que convive, sin resolverse, con decisiones de gasto que no responden a él.

Una calificadora de riesgo o el Banco de la República se pronuncian sobre las cifras de la alocución. Sería el primer arbitraje independiente de todo el expediente, en cualquier dirección.

El Congreso o la Contraloría exigen la lista de rubros recortados antes de aprobar el presupuesto de 2027, con plazo el 15 de septiembre para las comisiones económicas. Movería la discusión del terreno retórico al de la rendición de cuentas.

Nuestra evaluación

Los dos hechos más sólidos de este expediente no se contradicen entre sí, y eso es lo que hace este análisis más difícil que uno de bando contra bando: es cierto que Colombia tiene un problema fiscal que antecede a este gobierno, y es cierto que la forma en que De la Espriella lo presentó el 13 de septiembre sirve, además de para informar, para justificar políticamente decisiones de su propio gobierno que no se derivan directamente de esa herencia.

Lo que no se puede afirmar todavía, porque falta el dato que lo resolvería, es si el ajuste anunciado es real. Esa es la pregunta que cierra el expediente: no si hay crisis —la hay—, sino si el Gobierno está actuando en función de ella o solo hablando en función de ella mientras, en paralelo, crea fondos nuevos, desregula la inversión externa de las pensiones y anuncia gasto regional. Con lo publicado hasta el 16 de septiembre, la balanza se inclina hacia la segunda lectura, pero un decreto que hoy no existe podría cambiarla por completo en cualquier momento.