Las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad: qué puede y qué no puede lograr

Qué está en juego

El 28 de julio, en su mensaje a la nación, la presidenta Keiko Fujimori fijó dos prioridades: el fenómeno de El Niño y la seguridad ciudadana. Para la segunda anunció una decisión concreta: durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas liderarían el orden interno. Veinte días después les entregó también el control perimétrico de las cárceles y las fronteras.

La facultad no es nueva: la Constitución ya permite que los militares asuman el control del orden interno bajo estado de emergencia. Lo nuevo es convertir la excepción en el modo de operación, y hacerlo en el país donde las denuncias por extorsión pasaron de 3.200 a 26.500 al año.

La pregunta no es si el Estado debe reaccionar. Es si la tropa es el insumo que falta.

Cómo llegamos aquí

El arranque del gobierno quedó registrado con números. Entre el 28 de julio y el 10 de agosto el Sinadef contó 83 homicidios; solo del 1 al 10 de agosto fueron 53, y 46 de ellos —el 86,8 %— con arma de fuego. Julio había cerrado con 166. En paralelo, Ipsos midió 57 % de aprobación el 14 de agosto.

El primer conflicto social fue el paro de Ucayali por el alza de los combustibles, que dejó cinco policías heridos, once civiles detenidos, un patrullero incendiado y la muerte de un paciente que era trasladado de urgencia por un accidente cerebrovascular y cuya ambulancia quedó atrapada en el bloqueo de la carretera Federico Basadre.

El segundo fue el transporte de Lima. Tras el asesinato del gerente de una empresa en Los Olivos y más de seis cartas sin respuesta, los gremios convocaron un paro total para el 25 de agosto. El 22, el gobierno los recibió y les ofreció siete ejes de trabajo, entre ellos el refuerzo del Plan Escudo con apoyo de las Fuerzas Armadas. El 25, los gremios levantaron el paro y el servicio operó con normalidad.

Mientras tanto, el instrumento legislativo con el que el gobierno pensaba ejecutar todo esto —las facultades delegadas por 120 días— seguía sin llegar al Congreso cuatro semanas después de anunciado.

El caso a favor

Primero: la medida ataca un mecanismo real y bien identificado. La extorsión peruana no se organiza en la calle, se organiza en los penales y con complicidad interna. Por eso el anuncio del 17 de agosto no es simbólico: revisar al personal del INPE en los ingresos, poner escáneres y detectores, y sobre todo interrumpir la señal telefónica dentro de los establecimientos apunta exactamente a la cadena que produce la llamada extorsiva. Es la medida más directa contra la extorsión carcelaria y la que más veces se ha anunciado sin ejecutarse en el país.

Segundo: la Policía sola no da abasto y eso no es una opinión. El jefe de la Dirincri reclamó públicamente por las detenciones preliminares que solicita y no obtiene. Un cuerpo que pide apoyo no está en condiciones de sostener por sí solo un despliegue permanente en Lima, Callao, las fronteras y 60 penales.

Tercero: las propias víctimas lo pidieron. El paquete que desactivó el paro de Lima incluye el refuerzo del Plan Escudo con apoyo militar, y los gremios de transporte lo aceptaron y levantaron la medida de fuerza. No es una política impuesta sobre un sector que la rechaza: es, en parte, una respuesta a lo que el sector reclamaba.

Cuarto: hay respaldo ciudadano y el gobierno pidió tiempo, no cheque en blanco. Con 57 % de aprobación y dos semanas de gestión, la presidenta dijo: «No podemos dar resultados en 15 días, por favor. Les pido paciencia». Es una petición razonable para cualquier política pública, y juzgarla por las cifras del primer mes sería tramposo.

El caso en contra

Primero: la militarización ya se ensayó y la curva no cedió. El despliegue militar produce un efecto visible de corto plazo y no toca las causas. Como lo puso el editorial de La República: «Cualquier despliegue militar termina siendo una demostración de fuerza que tranquiliza por unos días, pero que rara vez cambia la realidad».

Segundo, y es el argumento más incómodo: el Congreso que sostiene al gobierno desmontó las herramientas que sí funcionan. La mayoría parlamentaria —fujimorismo incluido— cuestionó la extinción de dominio, aprobó reformas que redujeron la persecución del crimen organizado y amplió el fuero policial. El mismo editorial lo resume así: «El problema del Perú no empieza por la ausencia de soldados. Empieza por un Estado que ha ido perdiendo herramientas». No se puede reclamar resultados de seguridad y simultáneamente debilitar los instrumentos con que se persigue el delito.

Tercero: el cuello de botella que señala la propia Policía es judicial. «¿Dónde están las detenciones preliminares que le pedimos?», preguntó el jefe de la Dirincri. Ese problema no lo resuelve ningún soldado: capturar más rápido sin fiscalía y juzgados que sostengan las detenciones produce reincidencia, no seguridad.

Cuarto: el orden interno militarizado tiene un costo que ya se está pagando en territorio. En Ucayali el saldo del paro fue de heridos, detenidos y un muerto por una ambulancia bloqueada. Ninguna de esas consecuencias la causó un militar, pero todas ilustran lo que ocurre cuando la gestión del conflicto social se trata como asunto de orden público antes que de negociación.

Quinto: hay un compromiso internacional en tensión. Perú suscribió las Reglas Nelson Mandela de la ONU, que fijan un estándar civil y de derechos humanos para la gestión penitenciaria. El control militar sostenido tensiona ese compromiso, aunque el perímetro no sea la administración interna.

Qué dicen los datos

El dato más elocuente del expediente no es el nivel: es la aceleración.

El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público contabilizó 214 atentados contra el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026, con 283 víctimas: 152 muertas y 131 heridas. El 97,7 % de los ataques con víctimas se cometió con arma de fuego, el 60,3 % desde motocicletas, el 58,4 % de noche. El 69,3 % de las víctimas fueron conductores. Se concentran en San Juan de Lurigancho, Comas y San Juan de Miraflores.

Ahora la parte que importa: 126 de esos 214 atentados ocurrieron entre enero y mayo de 2026. Es decir, 88 ataques en los primeros diecisiete meses de la serie y 126 en los últimos cinco. El ritmo pasó de unos cinco al mes a unos veinticinco. El delito no venía creciendo: se estaba disparando en el semestre inmediatamente anterior a este gobierno.

Las otras dos series apuntan igual. Las denuncias por extorsión pasaron de 3.200 a 26.500 al año, y solo en el primer semestre de 2026 el Ministerio Público registró 12.634. Los homicidios pasaron de unos 1.000 en 2018 a 2.600 el año pasado.

Contra esa base, las cifras del arranque —83 homicidios en dos semanas, 53 en los primeros diez días de agosto— no dicen todavía nada sobre la política: dicen dónde empieza a medirse. Ese es su valor. Sin línea base, cualquier resultado que se anuncie en diciembre será incomparable.

Y hay un dato posterior, del 29 de agosto, que habla directamente de la tesis de este análisis. El proyecto de Presupuesto 2027 que el Ejecutivo remitió al Congreso baja la función Orden Público y Seguridad de S/15.857 millones a S/15.338 millones —un 3,3 % menos— y el programa de Reducción de Delitos y Faltas de S/6.878 millones a S/6.494 millones, mientras la inversión en Defensa pasa de S/665 millones a S/2.548 millones: un 283 % más. La asignación de recursos dice lo mismo que la política de despliegue, y con más precisión: lo que se está comprando es capacidad militar, no capacidad policial ni judicial.

Conviene sostener a la vez la otra mitad del dato, porque el gobierno la presenta y es cierta. Al sustentar el presupuesto ante el pleno el 3 de septiembre, el MEF expuso más de S/15.000 millones para Orden Público y Seguridad —el 7 % del total— y el ministro Elmer Cuba sostuvo que en el sector Interior sube el gasto corriente en bienes y servicios. Las dos cosas son compatibles: sube una partida y cae el total de la función. Lo que no cambia con esa aclaración es la naturaleza de lo que se compra. El gasto corriente en bienes y servicios financia operación —combustible, vehículos, insumos—, no inteligencia reconstruida, ni sistemas, ni fiscales, ni jueces. La discusión sobre el monto tapa la discusión sobre la composición, y es la composición la que decide si el cuello de botella se abre.

Los puntos ciegos

No pudimos verificar qué pasó en los estados de emergencia anteriores. Lima y Callao han estado bajo ese régimen repetidamente en los últimos años, y la pregunta obvia —¿bajaron los homicidios y la extorsión mientras estuvieron vigentes?— es la que más peso tendría en este análisis. No encontramos una serie pública que lo responda con rigor. Lo decimos en lugar de estimarlo: es la evidencia que más falta hace y la primera que habría que conseguir.

La comparación regional se invoca y no se examina. Cada vez que un gobierno de la región saca militares a la calle aparece la referencia a El Salvador. Pero el tipo de criminalidad importa: una política diseñada contra pandillas territoriales no es trasladable sin más a una extorsión atomizada que opera por teléfono desde los penales. Nadie en el debate peruano está haciendo esa distinción.

No se está hablando de la capacidad carcelaria. Si el control perimétrico funciona y las detenciones aumentan, el sistema penitenciario recibe más internos. Cuántos caben, y en qué condiciones, es una pregunta que ninguna de las dos partes ha puesto sobre la mesa.

Y falta el instrumento. Todo esto se iba a ejecutar con facultades delegadas que a cuatro semanas del anuncio no han llegado al Congreso, mientras dos ministros —Defensa e Interior— enfrentan pedidos de interpelación. El pedido llegó a la Cámara de Diputados el 28 de agosto, tres días después de la fecha de este análisis, y volvió a detenerse ahí: la Cámara lo observó porque el Ejecutivo no adjuntó el acta que sustentaba su carácter «muy urgente», y el trámite en comisión no arrancó hasta que el propio Ejecutivo subsanó la omisión el 31.

Escenarios

El efecto de corto plazo se produce y luego se disipa. Es lo más frecuente. Los atentados bajan durante las primeras semanas de despliegue por efecto de disuasión visible, y vuelven a subir cuando las organizaciones se adaptan. Efecto práctico: el gobierno capitaliza la caída inicial, la política se declara exitosa y el problema regresa en 2027.

El bloqueo de señal en los penales corta la cadena. El escenario más favorable, y el único que sería atribuible a esta política y no al azar: si la extorsión se coordina por teléfono desde adentro, interrumpirla ahí tiene un efecto estructural, no cosmético. Es también la parte más difícil de ejecutar y la que más veces se ha prometido.

Los resultados no llegan y el costo político se paga en el Congreso. Con dos ministros bajo pedido de interpelación antes del primer mes y sin las facultades pedidas, un semestre sin mejora en las cifras convierte cada dato mensual del Ministerio Público en una moción.

Nuestra evaluación

La decisión de poner a las Fuerzas Armadas en el perímetro de los penales es defendible y ataca un mecanismo real. Quien la critique en bloque tiene que explicar cómo se corta de otro modo la extorsión que se coordina desde adentro, y no suele hacerlo.

Pero la evidencia disponible apunta a que el insumo escaso no es la tropa. Es la inteligencia policial, es la capacidad del Ministerio Público y de los juzgados de sostener las detenciones que la Policía ya pide y no obtiene, y son las herramientas legales de persecución del crimen organizado que el propio Congreso oficialista debilitó. Un despliegue militar sobre esa base no multiplica capacidad: la hace más visible.

El gobierno pidió paciencia y tiene derecho a ella. Lo que no tiene es tiempo indefinido: la serie del Ministerio Público se publica, los homicidios del Sinadef se cuentan mes a mes y la línea base de este arranque quedó fijada en 83 muertes en dos semanas. En diciembre no va a hacer falta discutir si la política funcionó. Se va a poder mirar.

Actualización del 2 de septiembre. Dos hechos posteriores empujan en la misma dirección. El Presupuesto 2027 sube la inversión en Defensa un 283 % y baja Orden Público y Seguridad un 3,3 %: es exactamente el reparto que este análisis señala como equivocado, ahora escrito en un proyecto de ley. Y el caso más grave del periodo —el falso operativo de Trujillo, con cuatro personas asesinadas y un empresario secuestrado— se resolvió con inteligencia policial y cooperación con Bolivia, el FBI y la DEA: no con tropa, y no con las facultades que el Ejecutivo pide invocando la inseguridad. Es la mejor ilustración disponible de cuál es el insumo que de verdad escasea.

Actualización del 4 de septiembre. Y ahora lo dice el gobierno. Al pedirle al Congreso que apure las facultades, la presidenta sostuvo que el servicio de inteligencia «desde hace unos años no tiene capacidad operativa». Es el diagnóstico de este análisis en boca de quien tiene el presupuesto para corregirlo, y en la misma semana en que su proyecto de ley reduce la función Orden Público y Seguridad. El punto de este artículo deja de ser una discrepancia sobre los hechos y pasa a ser una sobre la coherencia: si el insumo escaso es la inteligencia, la delegación de facultades no la reconstruye, y el presupuesto que sí podría hacerlo va en la otra dirección.

Queda una advertencia sobre el instrumento que se pide, y no es menor. Entre las facultades enumeradas está declarar a las organizaciones criminales «grupos hostiles» y «grupos terroristas», que son dos regímenes jurídicos distintos: el primero habilita el uso de la fuerza con reglas de conflicto armado y no de orden interno. Eso ya no es militarizar la seguridad interna —lo que este análisis viene evaluando— sino cambiar el marco legal en el que esa fuerza se usa, y merece discutirse antes de que se delegue, no después.

Actualización del 16 de septiembre. El instrumento que este análisis viene señalando como el faltante no llegó tarde: está siendo rechazado. Entre el 9 y el 15 de septiembre, siete de las comisiones que revisan el pedido de facultades legislativas votaron en contra, y la oposición le propuso al Ejecutivo un canje: retirar el paquete de 66 solicitudes en ocho bloques y presentar uno acotado solo a El Niño y a seguridad ciudadana. Es la confirmación más fuerte hasta ahora de que el problema no es de trámite, como se pensaba en agosto, sino de fondo: buena parte del propio Congreso —incluidas comisiones de bancadas oficialistas— no comparte el diagnóstico de que hacen falta más facultades para el Ejecutivo.

En paralelo, el Congreso hizo control político desigual sobre los dos ministros de este expediente. El 10 de septiembre archivó la interpelación al ministro de Defensa —pese al conflicto de interés no declarado con la minera de su padre— y aprobó la del ministro del Interior, César Astudillo, con un cuestionario que incluye por qué el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, seguía en el cargo en medio de cuestionamientos por la extorsión. Arriola pasó a retiro, a su solicitud, el 16 de septiembre, un día antes de que Astudillo tuviera que responder por él: la salida resuelve la pregunta sin que nadie tenga que contestarla en el pleno.

Y el 10 de septiembre llegó, desde afuera, la primera oferta concreta de la pieza que este análisis identifica como la que realmente falta. En la reunión con la presidenta Fujimori, Perú se incorporó al Escudo de las Américas y un excanciller describió lo más útil de la oferta estadounidense en los términos exactos del diagnóstico de este artículo: «Un acuerdo entre el FBI, que tiene experiencia y tecnología, y la Policía Nacional del Perú, así como su capacitación, sería importante para nosotros». Si el cuello de botella es de inteligencia y no de tropa, la cooperación que puede moverlo no es la de un ejército extranjero: es la de una agencia de investigación con la Policía peruana. Todavía no hay ningún compromiso operativo publicado, solo la adhesión política y un memorando sobre inteligencia artificial, así que esto queda registrado como oferta, no como resultado.